Fortalecer el rol de los municipios y el involucramiento de la ciudadanía, así como reforzar la infraestructura para la valorización de los residuos son aspectos claves para poner en marcha de manera exitosa la Ley sobre Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Esa fue una de las principales conclusiones del conversatorio sobre los avances y desafíos en la implementación de este instrumento legal, clave para el desarrollo sostenible del país. El evento fue organizado por InduAmbiente en conjunto con la Universidad San Sebastián, con el patrocinio de Hidronor, y contó con destacados expertos y representantes de los sectores público, privado y la academia, quienes analizaron el impacto positivo que ha tenido y las oportunidades que ofrece esta regulación, así como las brechas que aún persisten para su aplicación más rápida y eficiente a lo largo del país.
Promulgada en 2016, la Ley REP establece un marco regulatorio para la gestión de residuos en el cual los productores asumen la responsabilidad de gestionar los materiales que ponen en el mercado, con el objetivo de aumentar el reciclaje y reducir la contaminación. En ese marco, la implementación de esta ley plantea diversos desafíos, como lo ratificaron los participantes del conversatorio.
«La Ley REP representa un nuevo enfoque en la gestión de residuos, donde los productores financian y organizan la gestión de los materiales que ponen en el mercado. Uno de sus mayores desafíos es educar a la ciudadanía sobre la importancia de separar los residuos en origen y promover una cultura de responsabilidad compartida entre productores, consumidores y autoridades. Este no es un tema político, sino de política pública que nos afecta a todos», expresó el vicerrector de Postgrados y Educación Continua de la USS, Felipe Ward, quien recordó que siendo parlamentario votó favorablemente la ley.
Paola Cofré, jefa del área de Economía Circular de la Seremi del Medio Ambiente RM, destacó el papel crucial de los municipios en la implementación de la Ley REP. Además, señaló que la legislación asigna nuevas funciones a los municipios relacionadas con la gestión de residuos, como convenir con sistemas de gestión para el manejo de envases domiciliarios y promover el trabajo de los recicladores de base. «Es fundamental que los municipios reciban el apoyo necesario para cumplir con estas nuevas responsabilidades y garantizar una implementación efectiva de la ley», indicó.
Luego, la representante de la autoridad ambiental planteó otros nudos críticos para poner en marcha la ley: la falta de infraestructura para valorizar los residuos, un mayor involucramiento de los recicladores de base en los sistemas de gestión de los residuos y la necesidad de que cada uno de nosotros se preocupe de separar los residuos reciclables que forman la mayor parte de los que llegan a la «bolsa negra» que desechamos en nuestros hogares.
A su vez, Juan Salinas Fernández, coordinador del área de medio ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades, subrayó que muchos municipios aún no comprenden completamente la ley debido a su complejidad. También puso de relieve la rigidez de algunos contratos en la disposición final de residuos, lo que desincentiva el reciclaje y la valorización.
Los panelistas destacaron la imperiosa necesidad de poner en práctica esta ley para elevar la tasa de valorización de los residuos. Al respecto, señalaron que aproximadamente 14.500 empresas en Chile generan cerca de 2 millones de toneladas de envases al año, pero lamentablemente solo el 12% de éstos se recicla en la actualidad.
Cristóbal De La Maza, ex Superintendente del Medio Ambiente y director de Postgrados de la Facultad de Economía y Gobierno de la USS, mencionó que aún persisten ineficiencias en la implementación de la ley, pero destacó las oportunidades que ofrece esta legislación para, por ejemplo, reducir los costos de los municipios en la gestión de los residuos. Asimismo, planteó que el uso de los avances tecnológicos puede ayudar a mejorar la trazabilidad en la gestión de los residuos, que es otro desafío clave para hacer más eficiente la implementación de esta normativa.
Experiencias concretas
El conversatorio también proporcionó un espacio valioso para conocer las experiencias y los desafíos que están enfrentando quienes deben responder a las obligaciones que impone la Ley REP y los que ejecutan las acciones para recolectar y valorizar los residuos.
En ese contexto, Ximena Ledezma, encargada de Proyectos de Ecodiseño de Empresas Carozzi, compartió el trabajo que está desarrollando su empresa en la materia para reducir la cantidad de materiales que ocupan para los envases de sus productos y también para hacerlos más reciclables.
Por su parte, Nathalia Silva, gerente de economía circular de ReSimple, explicó el rol que les corresponde como sistema de gestión de residuos. En ese marco, señaló que la ley REP ha incentivado a los productores a buscar eficiencias y diseñar productos con miras a la circularidad. Y con respecto a los desafíos advirtió que aún falta por avanzar en la firma de convenios con algunos municipios, así como en el involucramiento ciudadano para avanzar con mayor rapidez en la implementación de esta legislación.
A su vez, Gonzalo Velásquez, gerente de medio ambiente de Hidronor, gestor de residuos autorizado para valorizar algunos productos priorizados en la Ley REP, dio cuenta de las acciones que están impulsando para ampliar sus servicios y contribuir al cumplimiento de esta normativa. En ese marco destacó el trabajo que desde hace más de 25 años realizan para convertir los aceites lubricantes usados en combustibles alternativos que reemplazan el uso de combustibles fósiles.
«Estamos en una serie de proyectos muy interesantes, un poco empujados por la Ley REP y este cambio de paradigma que impone, como son la valorización de aerosoles, la generación de combustibles alternativos sólidos además del líquido que producimos hace muchos años, y el lavado de envases para su desclasificación como residuos peligrosos y poder usarlos como residuos no peligrosos para su posterior valorización», detalló.
En definitiva, el conversatorio dejó en claro que abordar estos desafíos requerirá un esfuerzo colaborativo y continuo entre los distintos actores involucrados en la cadena de valorización de residuos, lo que incluye también a todos los ciudadanos.